El pasado 26 de junio se llevó a cabo un encuentro promovido por la Comisión de Migrantes de la ILCO para conocer el Proyecto de Ley del diputado Alexander Mora sobre la penalización de las expresiones xenofóbicas, y otras propuestas legislativas relacionadas a los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz.
La presentación del Diputado Mora se centró en la exposición de diversos proyectos, entre ellos se destacan la regulación del tipo de juguetes a los cuales tienen acceso los niños específicamente en lo que respecta a los juguetes bélicos; la penalización de las expresiones de xenofobia; el Proyecto de Reforma a la legislación laboral para la inclusión de la licencia de paternidad; la propuesta sobre violencia patrimonial pensada para la defensa y protección del adulto mayor en el proceso de traspaso de sus bienes, entre otras iniciativas.
Con respecto al proyecto de ley sobre la penalización de las expresiones xenofóbicas, Mora anotó que “... la realidad muestra que el extranjero ha venido a la sociedad costarricense a aportar, a lograr desarrollo para el país. Pero esa visión no se maneja en lo que la prensa informa, en donde los extranjeros ya sean colombianos, nicaragüenses o salvadoreños, son los protagonistas frecuentes de la agresiones y acciones violentas. Esta visión es usada para promover legislación relacionada con la expulsión de las personas migrantes”
En la ronda de comentarios sobresalió la denuncia de casos de violaciones de derechos humanos de personas migrantes en la comunidad de La Carpio, como las historias de mujeres embarazadas que no pueden dar a luz en establecimiento públicos por ser indocumentadas y de niños afectados por practicas discriminatorias dentro de sus escuelas.
En este sentido, el Pastor Luis Segreda hizo referencia a la importancia de un cambio en la educación costarricense hacia una educación intercultural. Esta inquietud surge al preguntarse por qué en algunas escuelas donde asisten niños de origen migrante no se incluyen programas que contemplen la cultura de origen.
También se subrayó la inexistencia en Costa Rica de instancias especializadas para que los y las migrantes puedan tramitar todo lo concerniente a la defensa de sus derechos.