A finales del año 2008 se ganó un caso histórico, en el cual las gestiones por parte del Programa Jurídico Indígena de la Iglesia Luterana Costarricense y la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) de Salitre hicieron posible la recuperación de tierras en esta Comunidad Indígena.
Nombre de autor: Rubén Chacón Castro (Coordinador Programa Indígena-Área Jurídica).
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Después de 4 años- de luchas y procesos judiciales, se ejecutó la sentencia mediante la cual la ADI de Salitre recuperó las tierras de su pertenencia. La Ley Indígena de Costa Rica (N°6172) dispone que las tierras en estas jurisdicciones son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de las comunidades indígenas que las habitan. También se establece que no es jurídicamente válido ( y por eso establece la nulidad) las transacciónes de tierras entre indígenas y no indígenas..
Este relato tiene que ver con una persona indígena, a quién la ADI de Salitre le adjudicó una parcela y posteriormente por medio de contrato privado de venta, ella traspasa su derecho de posesión a una persona no indígena, y a partir de ese momento, comienza a habitar el inmueble con su familia. Esta posesión según la ley es ilícita, por lo cual se inicia un proceso de investigación y en noviembre de 2002, se resuelve iniciar un proceso ordinario para anular la venta de la finca.
Con el apoyo del Programa Indígena-Área Jurídica de la ILCO, se presenta en al año 2004, una demanda ordinaria con el fin de que la parcela quedara nuevamente en manos de la ADI de Salitre, y que se condenara a los demandados al pago de daños y perjuicios.
En julio de 2005, luego de resolver las excepciones previas interpuestas por el demandado, se cita a audiencia con el fin de realizar primeramente un reconocimiento judicial y luego evacuar la prueba confesional y testimonial ofrecida por la parte demandada. En noviembre de 2005, se notifica al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), y se solicita que certifique si el terreno en litigio se encuentra dentro del territorio indígena de Salitre.
El IDA concluye que el inmueble efectivamente se encuentra ubicado dentro del territorio indígena de Salitre y en septiembre de 2006, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, declara la nulidad de la venta y se ordena restituir el inmueble a la ADI de Salitre. Y así en Junio de 2008 finalmente, la comunidad indígena toma posesión del inmueble.
Este proceso tuvo para la población indígena las más diversas e inusitadas situaciones, tales como -procesos de redacción de resoluciones, notificaciones y alegaciones de las partes, procedimientos jurídicos que reflejan problemas en el acceso a la justicia.
Uno de ellos es el hecho de que necesariamente se requiere el patrocinio letrado para impulsar estos procesos y es prácticamente imposible que una comunidad indígena lleve a cabo un proceso de este tipo sin la participación de un profesional. A pesar de que el Programa Indígena-Área Jurídica de la ILCO, ofrece asesoramiento jurídico gratis, las poblaciones indígenas requieren de enormes gastos para poder enfrentar situaciones jurídicas y más aún cuando se llevan varios procesos juntos.
En el caso del territorio indígena de Salitre para el año 2008 se llevaron aproximadamente 8 asuntos en la vía judicial, y se espera abrir cada vez más procesos, con el fin de recuperar más tierras. Muchos de los actuales procesos, están en sus etapas finales, y otros apenas empiezan.
Algunos de los objetivos del derecho humano al acceso a la justicia, son: la asistencia gratuita, el propiciar facilidades en los procesos para que cualquier persona interesada los pueda básicamente comprender, antiformalismo y celeridad. Casi ninguno de estos requerimientos se manifiestan en los procesos judiciales relacionados con la recuperación de tierras indígenas en Costa Rica.
Cada vez más, líderes de las organizaciones indígenas (ADI) se han ido formando y capacitando, en procesos judiciales y ya muchos (as) han adquirido conocimientos que les permita dar un seguimiento básico a estos procesos jurídicos, de manera que hay que impulsar mecanismos para que el sistema judicial supere obstáculos y así abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de un sistema de justicia democrático.
Fuente: Participación