Desde que en el año 1993 se incorporara en el sistema jurídico nacional el llamado "Decreto de Creación del Subsistema de Educación Indígena", se comenzó una nueva etapa de la educación de los Pueblos Indígenas en el país.

En efecto, a partir de esa norma, se facultaba a los pueblos indìgenas a incidir de manera directa en el tipo de educación al que tenían derecho. Una educación basada en la posibilidad de que se aceptara que en Costa Rica no había una sola cultura, sino muchas y que estas debían de ser respetadas y compartidas en sus elementos más esenciales (eso se llama la interculturalidad).

Del mismo modo, de aquí surgía el principio de que el sistema normativo debía de permitir que la educación que se daba a las personas comunitarias indígenas expresaran sus valores, historias y cosmovisiones, o sea, que se diera una "Educación Culturalmente Pertinente".

Para eso, el Estado costarricense ha propiciado diversas polìticas públicas, desde ese Decreto de 1993, al grado de que en el año 2006 suscribió un empréstito con el Banco Mundial que le daba recursos al Ministerio de Educación Pública para  iniciar planes de construcción de infraestructura en los terriotorios, lo mismo que habilitar un programa que construyera las bases de un sistema educativo con pertinencia cultural.

Actualmente cada vez más territorios indígenas tienen en sus planteles maestros originarios de los territorios, con lo que se espera que cada vez sean más sólidas las bases de una educaciòn intercultural en Costa  Rica. Toda esta referencia está impregnada de grandes retos, aspiraciones y hasta desiluciones, que se exponen en el siguiente documento.

El Programa Indígena -Area Jurídica- de la Iglesia Luterana ha acompañado diversos procesos en territorios indígenas, relacionados con el tema de la reivindicación de la Cultura Indígena a través del sistema educativo.

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