Este proyecto energético que el ICE viene proponiendo comenzó con el denominado “Proyecto Hidroeléctrico de Boruca” (PHB) que se gestó desde los años 70 y pretendía inundar las tierras de la comunidad indígena Brunka de Rey Curré, lo que generó un importante proceso organizativo de resistencia por parte de organizaciones indígenas como la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curré, Asociación de Mujeres con Espíritu de Lucha” (MIEL).
Cabe destacar que en estos procesos de autodeterminación el “Programa Indígena, Área Jurídica” de la Iglesia Luterana Costarricense” ha brindado la asesoría técnica gratuita y respetuosa, muy especialmente en el campo de los derechos de los pueblos indígenas y el proceso de consulta.
En el mes de marzo del año 2011 el relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Sr. James Anaya visitó la comunidad indígena de Térraba con el propósito de evaluar el la situación que atraviesan los pueblos indígenas ante el proyecto de construcción de la planta hidroeléctrica, y en su informe especificó que el ICE lleva a cabo este proceso de manera irrespetuosa y contraria a los derechos de estas comunidades. Advirtió esencialmente que en todo el proceso había una “asimetría” entre las condiciones del ICE al ejecutar el proyecto y las condiciones de la comunidad para enterarse de las consecuencias.
James Anaya fue claro al sostener que no se habían creado bases hacia consulta según los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) –que es el instrumento de derecho internacional que regula los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, y que fue aprobado como Ley en Costa Rica, desde el año 1992. A pesar de la firma de esta ley, Costa Rica no ha instrumentalizado el proceso, lo cual es una evidencia más de un acto de violación a las disposiciones internacionales.
Posteriormente el ICE anunció el cierre temporal de operaciones de sus trabajos en el territorio indígena de Térraba, pero durante al menos 2 años ya se habían comenzado los trabajos de construcción de la represa, causando gran impacto en el área.
En esta región del Térraba existen diversas organizaciones comunales que pretenden tener una incidencia como expresión de los intereses comunitarios. Una de estas instancias comunales es la “Comisión de los Doce” que reúne vecinos indígenas del territorio, con el objetivo de crear bases e instrumentalizar los lineamientos del informe del relator.
Un método que ha sido diseñado por la “Comisión de los Doce” es la realización de Foros Comunitarios que buscan crear redes informativas que puedan fortalecer el conocimiento de los aspectos esenciales en relación con el derecho de consulta.
Hacia este objetivo se han realizado talleres en alianza con organizaciones, como el Primer Foro de análisis de los resultados del informe del Relator. En este evento participó la Universidad de Costa Rica, el ICE, así como líderes comunales indígenas. El coordinador el Programa Jurídico de la Iglesia Luterana Costarricense , Lic. Rubén Chacón participó con la exposición de los principales aspectos del Informe del Relator. Sr. James Anaya.
Autor: Rubén Chacón Castro (Coordinador Programa Indígena-Área Jurídica).