Ante la situación situación inhumana, insalubre y cruel que viven las personas migrantes nicaragüenses en la frontera norte, el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, publica el siguiente comunicado.
Consciente que los Estados de la región deben velar por el respeto, protección de los derechos y la salud de toda la población en este contexto donde la pandemia del COVID-19 ha puesto en vulnerabilidad, pero golpeando con más fuerza a la población más vulnerable entre ellos los migrantes, refugiados y en condición de solicitantes de refugio.
Especialmente, genera preocupación lo que está aconteciendo en estos últimos días en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en donde se encuentran aproximadamente 700 personas nicaragüenses que han decido retornar a su país natal, donde las autoridades del gobierno de Nicaragua les ha negado el acceso al país por no contar con el requisito establecido por ellos recientemente, consistentes en presentar el resultado de la prueba: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), cuyos costos no están al alcance de las personas más vulnerables.
Ante este hecho lamentable donde se está exponiendo a los nicaragüenses al contagio del virus y las condiciones inhumanas, quienes desde hace más de diez días se encuentran varados sin ningún espacio donde protegerse de la lluvia y del inclemente sol, donde solo tienen acceso a un sanitario que no cuenta con servicios de agua, restricción a la alimentación y servicios de atención médica, expresamos:
1. Es urgente que el Estado de Nicaragua en coordinación con los otros Estados centroamericanos den una respuesta inmediata y establezcan mecanismos expeditos para garantizar el ingreso de los nicaragüenses que han solicitado el retorno a su país a causa de la pandemia; sin duda, se ha visibilizado que algunos Estados de la región han acudido a la solicitud de sus nacionales radicados en el extranjero. Lamentablemente, ante esta situación el gobierno de Nicaragua ha actuado de manera irresponsable al no garantizar ni brindar protección a las personas nicaragüenses que demandan se les autorice ingresar al país evidenciado una vez más la falta de respeto y protección de los derechos humanos de la población nicaragüense.
2. Desde el Equipo Regional solicitamos al Estado de Nicaragua a que active los protocolos de salud para combatir la pandemia y pueda ejecutar acciones inmediatas que salvaguarden y proteja los derechos humanos de las y los nicaragüenses que se encuentran retenidos en la línea fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua (Peñas Blancas) y entre Honduras y Nicaragua varados en El Florido y Las Manos, población que en estos momentos está en condiciones insalubres e inhumanas solicitando el apoyo del gobierno para lograr ingresar.
3. Es obligación del Estado Nicaragüense garantizar la salud, a través de la atención inmediata para mitigar la propagación de la COVID-19; asimismo, debe de permitir el retorno de sus connacionales que se ha visto obligado por afectaciones directa de la pandemia.
4. Creemos oportuna la flexibilidad y la voluntad política que ha demostrado Costa Rica ante esta situación para que organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil brinden apoyos humanitarios y documenten las violaciones a los derechos de las personas nicaragüenses varadas.
5. Desde el Equipo Regional consideramos vital que los Estados centroamericanos, organismos regionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil trabajen juntos para responder a los desafíos no sólo durante la pandemia; de tal manera, apoyar desde un enfoque de respeto a derechos humanos con énfasis a la atención diferenciada de la población migrante y refugiada de la región.
Centroamérica, 28 de julio de 2020