Xenofobia, discriminación, comentarios de odio y racismo hacía la población migrante y en condición de solicitante de refugio, ante el aumento de contagio del COVID-19 en la zona norte del país.
Consciente de las acciones y medidas implementadas desde el gobierno de Costa Rica, las autoridades de salud y el esfuerzo interinstitucional, las cuales consideramos pertinentes y necesarias para combatir la pandemia COVID-19. Sin embargo, las acciones y medidas optadas en los últimos días en el país sobre el aumento de casos positivos con COVID-19 en la zona norte y puntos fronterizos con el país vecino de Nicaragua.
La Iglesia Luterana Costarricense MANIFIESTA su preocupación generada desde el monitoreo y análisis del cumplimiento, respeto y vigencia de los Derechos Humanos, de los y las personas que habitan en nuestro país entre ellos, nacionales, residentes, migrantes, personas refugiadas y solicitantes de refugio; en cuales, sin duda vemos la falta de proporcionalidad e igualdad y de continuar así la posible afectación del derecho a la dignidad de la población migrante, refugiada y en condición de solicitante de refugio, especialmente nicaragüense que ha sido históricamente vulnerada.
Dentro de la coyuntura que se está viviendo en el país, estas acciones y medidas han generado comentarios, acciones y alarmas que han fortalecido e incidido de manera negativa al estigma xenófobo, discriminatorio y racista hacia a la población migrante, especialmente nicaragüense. Acciones como las que se están ejecutando en estos últimos días a través de declaraciones públicas, en donde se puede apreciar señales de persecución hacía la población migrante y en condición de refugio, por medio de operativos policiales interinstitucionales, en donde se pueden ver titulares como: “Operativos realizados en búsqueda de personas indocumentadas y en condición irregular”; “Verificación del estatus migratorio en transportes públicos y privados”.
Estas acciones pueden contextualizarse en el buen esfuerzo y la seguridad nacional que el gobierno hace en pro de la población nacional, pero que a la vez puede afectar Derechos Humanos de otras poblaciones, como lo son migrantes, personas refugiadas y solicitantes de refugio, que también gozan de Derechos Humanos, libertades fundamentales y que aportan a nuestra sociedad y al desarrollo de la misma.
Como Iglesia, estamos consciente de la situación socio-política y salud que está enfrentando una vez más el país vecino, ante el aumento y el descontrol de la pandemia COVID-19 generada en estos últimos días; no solo se ha considerado como un riesgo y preocupación nacional, sino también regional e internacional.
Pero, las responsabilidades y obligaciones contraídas por el Estado costarricense en el marco del derecho nacional e internacional en materia de Derechos Humanos no pueden considerarse en cuarentena ante la pandemia COVID-19; por lo que, de manera consciente, SOLICITAMOS al Estado costarricense pueda crear políticas públicas y tomar acciones que garanticen la protección, respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, sin mediar ningún tipo de trato preferencial y discriminatorio.
Asimismo, hacemos un llamado a la población y al estado a no continuar estigmatizando y discriminando a la población migrante y en condición de refugio que se encuentra en nuestro país por factores externos y ajenos a su voluntad.
Somos una Iglesia que ha acompañado, orientado y defendido a las poblaciones vulnerabilizadas de nuestra sociedad; hemos y seguiremos creando acciones significativas con la característica que nos identifica de ser un país solidario, trabajador y sobre todo que cumple y defiende los Derechos Humanos.
San José, Costa Rica; 05 de junio de 2020.