El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, consiente de la gran labor que realizan diversas organizaciones comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos; así como, del gran riesgo que corren en contextos de populismo, dictaduras, odio, polarización social, amenazas en la región centroamericana, expresa lo siguiente:
PRIMERO: La realidad política de la región está llena de conflictos donde se manifiesta una concentración del poder en cada uno de los Estados, lo cual está afectando gravemente la democracia, que amenaza con la instauración de regímenes dictatoriales como lo sucedido en Nicaragua y promueve la impunidad y la corrupción ante la falta de rendición de cuentas y transparencia. Ante ello, como organizaciones que nos esforzamos por promover y defender los Derechos Humanos, en el marco de nuestra labor como defensores hemos denunciado las graves violaciones cometidas por los poderes del Estado, señalando el incumplimiento de su responsabilidad de proteger y garantizar el pleno goce de los Derechos Humanos para todos.
SEGUNDO: Como organismos de Derechos Humanos comprometidos con la promoción, defensa, protección y cumplimiento de los Derechos Humanos a nivel regional, demandamos respeto y garantías al ejercicio pleno del derecho a defender los derechos en Centroamérica, recordando a los Estados su obligación de proporcionar apoyo y protección a las personas defensoras de los Derechos Humanos, tal como lo estipula la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
TERCERO: Nos genera especial preocupación los diferentes ataques de Presidentes de la región que son más visibles en tiempos de pandemia y desastres naturales hacia los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Criminalizando, cancelando sus personerías jurídicas de forma arbitraria, persiguiendo y amenazando a organizaciones de larga trayectoria y con legitimidad en la labor realizada por más de treinta décadas, lo cual condenamos enérgicamente en tanto refleja la gravedad e intencionalidad de fisurar la institucionalidad democrática.
CUARTO: Hacemos un llamado a no continuar descalificando a las organizaciones, estigmatizando y criminalizando la labor que realizan por parte de las autoridades. Tal es el caso de El Salvador, que recientemente en uno de los discursos del Presidente Nayib Buekele, se refirió con un tono discriminativo hacia la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), simplemente por velar por el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos de la población salvadoreña. Así como, el caso del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y ocho organizaciones más, a quienes el Estado de Nicaragua allanó y se apoderó de sus bienes en diciembre de 2018, hasta hoy aún no se ha hecho justicia. Situaciones similares se registran en Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
QUINTO: Demandamos que se garantice el derecho a defender derechos en la región centroamericana y el cese de manera inmediata a la intimidación, criminalización y el odio en declaraciones emanadas por agentes del Estado en contra de las organizaciones de Derechos Humanos, lo que nos pone en mayor riesgo porque pueden desencadenar odio de parte de otros sectores.
SEXTO: Como organizaciones no guardaremos silencio frente a las graves violaciones que se comentan en la región; al contrario, seremos una voz latente que continuará denunciando las injusticias, las violaciones de Derechos Humanos, los niveles de corrupción, acompañando a las víctimas en sus justas demandas. Los gobiernos no pueden relegar a segundo plano o directamente ignorar los Derechos Humanos.
Centroamérica, 5 de junio de 2020