Para celebrar el 60 Aniversario de los Derechos Humanos, se dieron cita organizaciones No Gubernamentales, sindicatos, partidos políticos para dar a conocer un informe, en el cual se denuncia a Costa Rica, como un país que no respeta los derechos de los sectores marginados y discriminados; tales como Indígenas, Mujeres, personas con VIH/ sida, Migrantes.

A pesar de haber firmado acuerdos internacionales, Costa Rica no ha cumplido con este compromiso, poniéndose al nivel de países inhumanos y autoritarios, ya que una condición de garantizar una vida digna y justa, es precisamente el respeto de los derechos de sus habitantes.

El Lic. Rubén Chacón coordinador del Programa Jurídico de la Iglesia Luterana Costarricense, comentó que presentaran en el año 2009 una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al respecto nos comenta:

“En términos generales, tenemos la certeza de que en este país hay una sistemática y permanente violación a los Derechos Humanos de diversos sectores e inclusive hay negación de aplicar derechos, incluso consagrados constitucionalmente”.

La capacidad de un país para promover una defensa de los derechos y garantías de su población, radica exclusivamente en un continuo proceso de cambio y vigilancia, en donde el conocimiento, entendimiento, integración y buena voluntad son factores vitales en el proceso de Inclusión y por consiguiente en la defensa de los Derechos Humanos.

Las pruebas de que Costa Rica viola los Derechos Humanos son evidentes y no le es posible seguir jugando de país ejemplar; pues por parte del estado no se han gestado mayores cambios al respecto, ni tampoco el respeto por compromisos tomados. Al parecer la discriminación y exclusión han venido en Costa Rica sustituyendo la formación del individuo, sin tomar en cuenta que es aquí donde reside el desarrollo del país. Por esta razón no es posible formar una población sin valores fundamentales como Solidaridad, Justicia, Tolerancia, una educación integral que pueda garantizar un futuro de bienestar.

El ambiente económico que proponen las fuerzas del mercado han venido orientando la dirección política y social que el gobierno de Costa Rica esta practicando y según el Sr. Gustavo Cabrera, representante local del Servicio de Acción y Paz (Serpaj) comentó que en este país los valores se invierten. Tan solo para la aprobación del TLC se aprobaron 16 leyes, mientras que aún no se han cumplido acuerdos internacionales como:

    La ratificación a la Convención de los Trabajadores Migrantes y sus familias de las Naciones Unidas.
    Tampoco se ha llevado a cabo la aprobación de la «Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.

«Los valores económicos y comerciales están primero que los valores culturales y humanos» afirmo Gustavo.

Como estos ejemplos existen, lamentablemente muchas otras situaciones de discriminación y exclusión que ponen a Costa Rica como país xenofóbico y discriminatorio. A pesar de que se considera un estado democrático, Costa Rica se opone a la creación de leyes y procedimientos en defensa de los Derechos de poblaciones y grupos minoritarios; obstáculos jurídicos de los cuales podemos mencionar los siguientes:

    La No aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia; la cual pretende el reconocimiento por parte del estado de las uniones de parejas del mismo sexo, facilitándoles la posesión de los derechos y deberes que ofrece el ordenamiento jurídico costarricense.
    Eliminación de dos artículos de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, constituyendo un retroceso histórico que favorece la impunidad y deja desprotegidas a las mujeres.
    Violación de los derechos laborales y políticas estatales de persecución a líderes sindicales y la imposibilidad de crear sindicatos en el sector privado.
    Pocos avances en el combate de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Costa Rica verdaderamente necesita trabajar más por el bienestar de su población, quienes tienen el completo derecho de exigir buenos resultados de su Democracia, la cual se refleja en la actividad de los ciudadanos en las diversas áreas en materia de Educación, Salud y Justicia.